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Vender la libertad al miedo

18 marzo, 2018

A Juan Carlos Campo, que eligió ser valiente

El mundo de mi adolescencia y primera juventud se dividía entre los amigos que teníamos padres que podían superar su miedo, y los que no. Ya fuera que planeáramos hacer un viaje, o salir el sábado por la noche, sabíamos que unos tendríamos que dar pocas explicaciones en casa, en tanto que otros tendrían que pasar un calvario para conseguir el permiso paterno.

Todos los padres sentimos un pellizco de angustia cuando vemos salir de casa a nuestros hijos adolescentes. La cuestión es si nuestro miedo se convierte en una cárcel para nuestros hijos, es decir, hasta dónde estamos decididos a restringir su libertad y su desarrollo personal para garantizar su seguridad. Algo así pasa con las sociedades. Nuestro país es uno de los países más seguros del mundo. Según estadísticas del Ministerio del Interior y de Eurostat, en España hay menos homicidios que en Italia, Alemania, Portugal, Gran Bretaña o Francia, que son países muy seguros.

La tasa de homicidios por cien mil habitantes en España es de 0,63. Esto equivale, para una ciudad como Málaga, a tres homicidios y medio al año. No obstante, con esos datos, y una buena campaña de prensa, se podría conseguir asustar a los padres de tal modo que una generación de jóvenes malagueños y malagueñas vivieran un infierno cada fin de semana en sus casas. Es más, seguro que algunos partidos estarían dispuestos a decretar el toque de queda, todo por los votos, pero dudo de que así disminuyeran los homicidios.

Cuando el Gobierno nos quiere convencer de que recortar el número de policías, como ha hecho, y aumentar las penas, es una forma eficaz de evitar los delitos, tenemos derecho a pensar que nos está tomando el pelo. Con todo, la seguridad estructural en un país depende algo más de los maestros que de la policía, como la seguridad de los edificios depende más de las normas de construcción que de los bomberos. Y nuestro país es, repito, uno de los más seguros del mundo. Luego están casos como el del guardia civil que, drogado, dispara con su arma reglamentaria a alguien que tuvo la mala suerte de cruzarse con él. O los menores de edad que matan a la pareja de ancianos para robarles. Es decir, luego está la naturaleza humana.

Podemos convertir el mundo en la cárcel de una tiranía, sin derechos, sin garantías jurídicas, a merced de sus funcionarios, y seguirá habiendo delitos. Las democracias no son avanzadas porque sean tolerantes con el delito, sino porque son capaces de combatir el delito sin acabar con la libertad y la seguridad de sus ciudadanos, y sin necesidad de conculcar los derechos humanos de los delincuentes. Es verdad que estos días hablar de los derechos humanos de los delincuentes no cotiza al alza en el mercado político. Estos son días de miedo, rabia y venganza, que son muy humanas, pero ni son más humanas que la piedad y la razón, ni garantizan un orden más libre, ni más justo, ni más seguro.

El peor de todos los delitos lo habremos cometido nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, si vendemos nuestra libertad al miedo.

Publicado en el diario SUR el 18 de marzo de 2018

One Comment
  1. 19 marzo, 2018 0:14

    Esta vez creo que no estamos de acuerdo. La función principal de las penas no es preventiva, ni curativa; la función principal de la pena es hacer justicia, igual si los delitos son muchos o pocos o si los se arrepienten o son contumaces. Esto último puede matizar las penas, adaptarlas a la oportunidad, pero nunca desnaturalizarlas.

    En cuanto a los ‘derechos humanos de los delincuentes’ deberíamos tener claro que solo se los conculca cuando la pena es injusta. En general, la norma de justicia es que se prive a los delincuentes de los mismos derechos de que ellos han privado. Más aún, puede defenderse (lo hizo Engels siguiendo a Hegel) que el castigo es el derecho del delincuente, pues el arrepentimiento es vano y la reinserción una farsa si no se repara el daño causado.

    Por si un ejemplo aclara. Un sistema en el que alguien que ha violado, secuestrado, matado y ocultado el cadáver de su víctima pide tranquilidad porque ‘que el abogado pedirá homicidio y en siete años salgo’, es un sistema que no respeta los derechos humanos ni de la víctima real ni de ninguna de las potenciales. Un sistema que, en principio, valora la vida entera del asesinado en como máximo veinte años de la vida del asesinado es injusto a sabiendas, es decir, intrínsecamente prevaricador.

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