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Juicios de intenciones

5 junio, 2016

 

Han pasado más de veinte años desde que se produjera el escándalo de los casos de fraude en el PER. Probablemente los lectores y las lectoras más jóvenes no recuerden que básicamente se trataba de que algunos alcaldes firmaron peonadas falsas a trabajadores agrícolas que no habían logrado completar las sesenta peonadas que daban derecho a obtener una ayuda de la Administración Pública. En la práctica un vecino o una vecina de un pueblo se acercaba a su alcalde, yendo al ayuntamiento, abordándolo en la plaza, o esperándolo en la propia casa del alcalde, y le explicaba las penalidades económicas que estaba pasando su familia, y la circunstancia de que le faltaban tres peonadas, siete peonadas, para conseguir la ayuda del PER. Los alcaldes, siempre que podían, contrataban a esas personas hasta completar los días que les faltaban. Pero los ayuntamientos eran pobres y no siempre podían contratar. Así que algunos alcaldes firmaron peonadas, que no se llegaron a trabajar, para que esos vecinos tuvieran la posibilidad de recibir una ayuda pública. Ciertamente la desesperación de aquellos vecinos, la menesterosa situación de sus familias, no les daba derecho a los alcaldes a conculcar la ley. “Fiat iustitia et pereat mundus”.

 

El PP del señor Aznar y la Izquierda Unida de señor Anguita denunciaron al unísono aquella acción de los alcaldes y, pronto, al grito de corruptos, se formó una masa de acoso en torno a ellos, culpables o no. ¿Fueron los jueces inmunes a la presión política y mediática? Recuerdo una sentencia que reconocía que, al cabo de un par de años, era imposible saber si la maleza había sido cortada o no, de manera que tampoco se podía saber a ciencia cierta si se habían hecho o no las peonadas de limpieza de unos terrenos comunales. Eso debería haber bastado para exonerar al alcalde, pero no. Seguidamente se sostenía que el alcalde no se había lucrado económicamente, pero que había firmado las peonadas con objeto de conseguir el voto cautivo de las personas a las que les había ayudado. Entonces me preguntaba a mí mismo ¿por qué dicen esto en la sentencia? Lo único relevante para la condena era si se habían hecho o no las peonadas. Puedo entender que el hecho de que no se lucrara tuviera un valor de eximente. Pero ¿a qué venía atribuir a aquel alcalde la intención de obtener favores electorales? ¿Cómo sabían los jueces la verdadera intención del alcalde? ¿Y cómo sabían qué habían votado las personas a las que el alcalde había ayudado? No lo podían saber, no tenían forma de saberlo. Eso era lisa y llanamente un juicio de intenciones. También entonces se atribuyó al PER, a todo el PER como sistema, más allá de cualquier caso concreto, la voluntad crear una red clientelar. Lo que nunca se dijo de las ayudas a la minería o al automóvil, y lo que podría decirse, por cierto, de todo el Estado del Bienestar europeo.

 

¿Son los jueces ahora mismo inmunes a los juicios que adelantan los medios de comunicación incluso antes de que se levante el secreto de los sumarios? Creo que cabe algo más que una duda irrazonable.

Publicado el 5 de junio de 2016

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