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Solos en el patio

26 julio, 2015

Si hay una enfermedad de la que ninguno estamos a salvo es la fe en los cambios en el sistema electoral. Da igual que se trate de los sistemas electorales en los partidos o en los países, siempre hay quienes creen fervorosamente que cambiando las reglas del juego todo irá mejor, en especial para los que proponen el cambio. Recuerdo que, hace unos años, un destacado dirigente socialista proponía cambiar el sistema electoral para dejar fuera del Congreso a los partidos nacionalistas periféricos. Izquierda Unida y UPyD han dedicado muchas energías en las últimas legislaturas a pedir un cambio en el sistema electoral para que sus diputados no tengan un coste tan alto en votos en comparación con otros partidos. Ahora le ha dado la fiebre al PP.

Cuando la legislatura agoniza, el Grupo Popular ha presentado una iniciativa en el Congreso para cambiar nuestro sistema electoral municipal. No es al primero que se le ha ocurrido, todo sea dicho. Pero que no sea el primero no quita que sea una mala ocurrencia. Nuestro sistema electoral municipal ha venido funcionando bastante bien desde 1979. Ha permitido mayorías absolutas, mayorías relativas, coaliciones pro natura y contra natura, gobiernos estables y gobiernos inestables, gestiones impecables y gestiones impagables, honestidad y corrupción, en fin, todas las manifestaciones de la política. También ha permitido que permeara el clima político general en los ayuntamientos, como ocurrió en 1995 o en 2011 a favor del PP, y como ha ocurrido en 2015 en contra. No parece prudente hacer un cambio en las normas justo después de tu derrota. Da la sensación de que no quieres mejorar el procedimiento electoral, sino tus opciones de gobernar, y esa no es una buena tarjeta de presentación reformista, sobre todo cuando se acaba de perder.

Uno esperaría algún argumento mejor que el de “evitar situaciones chocantes” como que un partido con el 16% de los votos pueda hacerse con la alcaldía frente a otro con el 30% de los votos. Porque lo cierto es que hay partidos con el 30% de los votos que no son capaces de entenderse con nadie. De modo que otros partidos, en lo que el portavoz del PP llama “pactos de despacho”, constituyen mayorías de gobierno alternativas. Esos pactos, por cierto, se hagan en despachos o en una cafetería, son pactos legítimos; muy distintos de los pactos de los constructores u otros poderes no democráticos para alterar la voluntad democrática, y no conviene confundirlos. Los pactos legítimos entre concejales electos pueden contribuir a formar un gobierno que represente mejor la voluntad política de la mayoría social de un pueblo, que dar por ley, como propone el PP, la mayoría absoluta a un partido que ha sacado el 35% de los votos.
Con esta propuesta el PP lanza un mensaje muy negativo sobre sí mismo: es un partido que sólo puede gobernar con mayoría absoluta, porque no es capaz de encontrar con quién entenderse. Habiendo ahora tantos posibles compañeros de juego, ellos están solos en el patio. Eso sí, la pelota es sólo suya, todavía.

Publicado en el Diario SUR el 26 de julio de 2015

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