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Debate en Pleno de la Ley para las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura

2 noviembre, 2007

Lo que sigue es la transcripción literal del Diario de Sesiones de la intervención que hice el miércoles 31 de octubre de 2007 en el Pleno del Congreso de los Diputados.

Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados del 31 de octubre de 2007

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS: — PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE RECONOCEN Y AMPLÍAN DERECHOS Y SE ESTABLECEN MEDIDAS A FAVOR DE QUIENES PADECIERON PERSECUCIÓN O VIOLENCIA DURANTE LA GUERRA CIVIL Y LA DICTADURA. (Número de expediente 121/000099 121/000099.)

El señor TORRES MORA: Gracias, señor presidente.

Señorías, el 14 de diciembre de 2006 el Pleno de la Cámara aprobó la toma en consideración del proyecto de Ley sobre las víctimas de la guerra civil y la dictadura que remitió el Gobierno. Tras casi un año de trabajos parlamentarios, el proyecto vuelve al Pleno con importantes mejoras, algo que no podemos afirmar de la oposición al mismo.

En los trámites de ponencia y Comisión hemos amplificado y resuelto con una fórmula jurídicamente más adecuada la declaración de reparación y reconocimiento personal. De igual modo, hemos mejorado algunas de las prestaciones económicas contenidas en el proyecto que envió el Gobierno, hemos introducido una cláusula de derogación expresa y formal de algunas leyes de la dictadura por su carácter radicalmente contrario a los derechos humanos y hemos atendido una sentida demanda de los hijos del exilio, ampliando la posibilidad de adquirir la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles. Con todo, el texto que en su día presentó el Gobierno y el que hoy debatimos conservan el mismo espíritu, un espíritu que ha propiciado el encuentro y el acuerdo de quienes partíamos de posiciones distantes. La política es como una manta corta, solo puede cubrirnos a todos si nos unimos. Hay quien siempre ofrece a los ciudadanos su frustración porque no han conseguido la totalidad de sus objetivos y hay quienes ofrecemos un acuerdo.

Señor Herrera, le reconozco un gran mérito en esta ley, pero ha errado usted su intervención al atacar al Gobierno que la ha hecho posible. Son las manos libres del presidente Zapatero las que han sumado 164 votos a sus cinco votos para que usted pueda ofrecer una ley en lugar de un lamento. (Aplausos.)

Señor Tardà, para que quede constancia en el «Diario de Sesiones», la vicepresidenta nunca comprometió la anulación del juicio del señor Companys, sino restablecer la dignidad y el honor de él y de todos los que fueron víctimas de la violencia. (Aplausos.) Le emplazo a que, cuando lo tenga a bien, lea la declaración de la vicepresidenta.

Señorías, si Izquierda Unida, PNV, Convergència i Unió, BNG, la Chunta, Coalición Canaria y el PSOE hemos sido capaces de alcanzar un punto de encuentro, no hay razón para que en ese punto no estén Esquerra Republicana y el Grupo Popular. Su problema no es que no puedan, sino que no quieren llegar a un acuerdo (Aplausos.).

Un acuerdo que en esta ley tiene en cuenta a todas las víctimas, con independencia de que lo fueran por su ideología política, por sus creencias religiosas o por su forma de vivir. Las víctimas son por definición inocentes y su inocencia las debe unir ante nuestros ojos. Por eso no podemos estar de acuerdo con quienes defienden que la democracia no debe reparar a las víctimas que ya fueron reparadas por el franquismo. Eso supondría dar por buenas las reparaciones de una dictadura, cuando las víctimas de las atrocidades, procedan de donde procedan, tienen pleno derecho al reconocimiento público de la democracia. Sin embargo, es verdad que nuestra democracia hasta ahora no había reconocido el carácter de doble victimización de quienes, por pertenecer a los vencidos, no solo no fueron reparados durante largas décadas, sino que además han sufrido múltiples formas de persecución y discriminación a lo largo de todo este tiempo.

La presente ley, lejos de constituir, como dicen algunos sin creérselo del todo, la ruptura del espíritu fundacional de nuestra democracia, supone precisamente la continuación de la voluntad de reconciliación y de reencuentro democrático y pacífico característico de esa época. Lo que esta ley condena y expulsa de nuestro ordenamiento jurídico no es ni más ni menos que aquello que repugna a la conciencia democrática de cualquier ciudadano: la violencia política, la conculcación de los derechos humanos, los juicios sin garantías, las sentencias arbitrarias y las leyes injustas. Ningún demócrata puede sentir más que orgullo al ver cómo la democracia española proclama la ilegitimidad de tales actos.

Esta ley recoge, con ánimo de perfeccionarlo, aquel mismo espíritu de reconciliación mediante la introducción de claras mejoras en la reparación a las víctimas. Ello resulta a su vez coherente con la política de reconocimiento y ampliación de derechos seguida por el Gobierno a lo largo de esta legislatura. Lejos de ir en contra de los acuerdos fundacionales de nuestra democracia, esta ley contribuye a fortalecerlos en la medida en que supone una profundización en el espíritu de los mismos. Todos los pactos fundacionales son revisados y mejorados con el paso del tiempo, cuando las condiciones permiten ir más allá que en aquellos difíciles primeros momentos. Esta es la razón de las sucesivas medidas reparadoras que se han venido aprobando desde la Ley de Amnistía de 1977. En muchas de ellas se recoge explícitamente la voluntad de superar las limitaciones de aquellos primeros años de andadura democrática. Baste recordar que los militares de la UMD quedaron fuera del ámbito de la Ley de Amnistía hasta casi una década después, cuando en 1986 se amplió la Ley de Amnistía a los militares profesionales. No se estaban conculcando entonces los acuerdos de la transición.

Entonces, cada vez que se trataba de impulsar una medida que equiparara a los vencidos en la guerra civil con los vencedores o que supusiera la reparación de los represaliados por la dictadura, todas las voluntades se unían alrededor del Gobierno. En esto consistía también el espíritu de la transición, en el consenso alrededor de tales medidas. Es este aspecto fundamental del espíritu de la transición el que se ha roto por parte del principal partido de la oposición, que ha aprovechado este que debe ser un motivo de concordia para convertirlo en un motivo de discordia, como ha hecho con tantos otros en esta legislatura. (Aplausos.)

Es la generosidad que tuvo el PSOE cuando gobernaba la UCD lo que en nuestros días le está faltando al Partido Popular, un partido que entonces tuvo un escaso apoyo de los ciudadanos precisamente por no participar en alguno de los acuerdos básicos de la transición, como fueron la Ley de Amnistía o la parte política de los Acuerdos de la Moncloa. Ahora, treinta años después, ustedes reducen el espíritu de la transición a su letra, una letra que o no firmaron o firmaron a medias. Por eso ahora también van a votar a medias esta ley. No discuto que su espíritu, señores del Grupo Popular, es el mismo que ustedes tenían en 1977, pero les aseguro que ese espíritu de ustedes no es el de la transición. (Aplausos.)

No me extraña que ustedes piensen que una ley puede reescribir la historia. Eso de reescribir la historia es algo a lo que tienen bastante afición, incluso cuando la historia está sucediendo delante de nosotros. No les faltan medios para multiplicar hasta saturarnos que las calles estaban vacías cuando las llenábamos; que los lugares de trabajo estaban llenos cuando los vaciábamos; que había armas donde nunca las encontraron; que habían sido quienes no habían sido; que cedimos donde no cedimos y que esta ley pretende reescribir la historia, que pretende cambiar la memoria, como si la gente fuera a cambiar su memoria por 180 votos a favor, 120 en contra y 15 abstenciones. (Aplausos.) Si los españoles de hoy pudiéramos volver al pasado les aseguro que no sería para cambiar el nombre de los vencedores y los vencidos sino para impedir la guerra. (Aplausos.) Nada de lo que dicen es cierto.

Para condenar la guerra civil la ley cita literalmente un texto que ustedes mismos aprobaron en 2002, y para condenar el franquismo cita una declaración de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en la que se denuncian las graves violaciones de los derechos humanos que se cometieron en España entre los años 1936 y 1977. Nada que un demócrata no pueda apoyar. La ley es sumamente cuidadosa porque está hecha para unir a grupos muy distintos. Es tan evidente la voluntad integradora del proyecto de ley, que hasta los grupos que se oponen globalmente al mismo votaron una parte considerable del articulado a su paso por la Comisión Constitucional. Es tan elemental lo que se propone, tan justo, que incluso quienes llevan haciendo toda la legislatura un discurso apocalíptico contra esta ley no tienen otro remedio que votarla, aunque sea por la puerta de atrás.

Al final, como siempre, son molinos. Los gigantes, los fantasmas solo son fruto de la imaginación morbosa, y por más que los dirigentes del Partido Popular agiten el espantajo del pasado hasta romperse el brazo no conseguirán asustar a nadie. Las acusaciones de que esta ley abre antiguas heridas o libera viejos demonios se rompen contra el justo articulado de la misma. Confío en que cuando en marzo los ciudadanos vuelvan a descabalgarlos de sus expectativas de poder SS.SS. recuperen la cordura. (Aplausos.)

A lo largo de la legislatura se ha dicho que la ley que hoy debatimos es innecesaria, que es inoportuna y que es inadecuada. Innecesaria, porque, según afirman sus críticos, no hay una amplia demanda social. Inoportuna, porque todavía es pronto, o porque ya es tarde, es lo mismo; la doctrina es tan displicente como poco rigurosa. Inadecuada, porque es excesivo el rango de ley para lo que se propone.

¿Cuándo es necesaria una ley? ¿Cuándo la pide todo el mundo? Hemos hecho leyes, por ejemplo, para el acceso a la profesión de abogado o de procurador, para la reproducción asistida, para la adopción internacional o para la capitalidad de Madrid y de Barcelona. Sin duda, todos son colectivos importantes, pero ninguno de ellos abarca a la totalidad de los españoles, ni siquiera a la mayoría. Es verdad, esta ley se refiere solo a las familias de decenas de miles de personas que yacen en fosas comunes y a las que sufrieron violencia o exilio durante el franquismo; a ciudadanos que quieren saber dónde están sus padres, sus hermanos, o sus abuelos, que quieren recuperar sus restos y darles sepultura digna; a personas que quieren honrar la memoria de sus familiares que sufrieron una injusta violencia, a asociaciones y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para la recuperación de la memoria de las víctimas. De acuerdo, no es una demanda mayoritaria, como no lo son tantas otras, pero es una demanda justa como pocas otras lo puedan ser. Por eso esta ley es necesaria. (Aplausos.) Así lo entiende la mayoría de la sociedad española cada vez que sobre este tema ha sido consultada; una mayoría amplia, tan amplia que incluso la mayoría de los votantes del Partido Popular consideran que esta ley es necesaria. Es necesaria para las personas que la piden y necesaria también para todos nosotros, para que quede memoria de que lamentamos los errores del pasado y de que hemos aprendido de ellos y nos hemos convertido en una sociedad mejor y más justa. Dos de cada tres españoles entrevistados por el CIS afirman que las víctimas de la guerra civil han sido las grandes olvidadas, y ya es hora de reparar la injusticia.

Ya ven SS.SS., ya es hora. No es una ley inoportuna. No lo es para quienes han esperado forzosamente cuarenta años y generosamente treinta más. No hay derecho a que durante la transición se les dijera que era demasiado pronto y que ahora se les diga que ya es demasiado tarde. (Aplausos.) Son personas que tienen más de 70 años; fueron generosos en la transición; se les pidió que postergaran el recuerdo de sus padres en pos del futuro de los hijos de todos. Y lo hicieron. Han cumplido. Lo dejaron para más adelante, pero nunca los olvidaron. ¿Los olvidaríamos nosotros? ¿A quién sorprende que sigan empeñados en encontrar los restos de sus padres, de sus hermanos, de personas que quisieron, que sintieron, que abrazaron? Creo que tampoco piden demasiado. Una lápida con un nombre no es pedir demasiado. No creo que eso vaya a romper la sociedad española. No creo que vaya a abrir más heridas que las suyas propias por un rato, por unos días, para que finalmente cierren para siempre.

Es bien poco. Quizá por eso hay quien dice que es una ley inadecuada por excesiva, que hubiera bastado con un par de decretos, con algunas órdenes ministeriales y otras medidas administrativas de rango menor. Aunque hay reserva de ley para alguno de los aspectos que se tratan en el proyecto, no quiero buscar refugio en argumentos de carácter técnico. No es necesario porque la discusión no es técnica. Bajo el argumento de que el rango normativo de ley es excesivo para las víctimas de la violencia late una razón política. Una ley tiene un valor simbólico que es especialmente valioso y pertinente cuando el contenido de la norma tiene precisamente un carácter de reparación pública, y eso es lo que se regatea a una parte de las víctimas de la guerra civil y a todas las víctimas del franquismo. A estas alturas se está dispuesto a apoyar una buena parte del articulado de la ley porque es razonable, porque responde a un criterio elemental de humanidad, pero se regatea el rango de ley. Aquí, señorías, hemos hecho leyes para las semillas y las plantas de vivero, pero hay quien considera excesivo hacerlo para quienes perdieron la guerra. (Aplausos.) La verdad, a estas alturas es tan necesario, oportuno y adecuado que muchas familias recuperen los restos y la memoria de sus víctimas como que algunos, muy pocos, se olviden ya de su rencor y otros se olviden de su temor. No puede haber temor ni en la mirada.

Tomar las mismas medidas de la ley con normas de menor rango sería como hacerlo a escondidas, con miedo o vergüenza, y eso, además de ser injusto para con las víctimas, casa mal con el espíritu de transparencia de este Gobierno, que es el espíritu de transparencia de la democracia española de 2007. No lo hacemos a escondidas. Un decreto sería, además, una medida exclusiva del Gobierno, y en una ley participamos todos. Esta ley tiene más valor reparador cuanto más la apoyemos. (Aplausos.)

Señorías, la reconciliación no nace del olvido sino del recuerdo. Hoy es un día mejor que otros para recordar a las víctimas de la violencia. Como demócratas podemos reivindicar juntos algo que nos une a todas las víctimas de la guerra civil y la dictadura, el valor de mantenerse fieles a sus ideas sin levantar la mano contra el prójimo. Eso es algo que la España de hoy tiene en común con las víctimas del pasado. Y dado que desde hace muchos años ya no hay dos Españas sino una, que es la que hemos conocido la mayor parte de las generaciones vivas, es razonable que esa España lamente, recuerde y repare la dignidad y la memoria de las víctimas de todos.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Torres. Damos por concluido el debate de este punto.

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