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Caso Ayuntamiento de Marbella

20 mayo, 2006

Ha pasado casi un año desde que hice esta intervención en la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas. Creo que puede ser útil recordar la posición del Grupo Socialista, sobre todo en lo que sirva para evitar análisis apresurados del funcionamiento del sistema democrático y viejas y poderosas tentaciones sobre qué medidas tomar.

En este caso hay una cierta emoción personal. Conozco Marbella desde hace muchos años, una parte de mi familia vive allí; es la Marbella de los barrios de trabajadores, sin chalet, sin césped ni piscina, sin plazas públicas de guardería, pero con gente decente y estupenda, la Marbella de la inmensa mayoría.

Año 2005 VIII Legislatura Núm. 35

COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS

Sesión núm. 9 celebrada el martes, 24 de mayo de 2005, en el Palacio del Congreso de los Diputados

El señor TORRES MORA: Muchas gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas por el informe detallado y claro de la fiscalización de las cuentas del Ayuntamiento de Marbella de los años 2000 y 2001.

Creo que el caso de Marbella es de excepcional relevancia política o, lo que es igual, de excepcional relevancia para todos los ciudadanos, porque las lecciones que saquemos del caso Marbella pueden ser, para bien o para mal, determinantes en la vida política de nuestros ayuntamientos.

En este sentido, adelanto que deberíamos tener en cuenta que Marbella es un caso límite y no es bueno legislar por los casos límite, sino que dichos casos deben tener soluciones límite y no inspirar el funcionamiento ordinario de las instituciones.

El GIL en Marbella es un buen ejemplo de populismo, que es la democracia sin Estado de derecho, que es la democracia sin respeto a las leyes. El GIL llegó aupado por quienes no creían en la política, por quienes no creían en los procedimientos políticos, por quienes no creían en las servidumbres del respeto a la legalidad; el GIL llegó aupado por elites económicas y mediáticas que coqueteaban con peligrosas ideas antipolíticas y antidemocráticas; llegó aupado por quienes decían que los partidos tradicionales habían fracasado. Después de leer el informe, habría que preguntarse quién ha triunfado, qué es lo que ha triunfado en Marbella. Se dieron mucha prisa en certificar la muerte de la democracia, de los partidos y del Estado de derecho y dieron la partida de nacimiento a un notable monstruo cuyas acciones refleja con precisión el informe del Tribunal de Cuentas.

Decía María Zambrano que los hombres antes de hacer las cosas las sueñan, y el sueño de GIL es una verdadera pesadilla para los demócratas primero y para la gente decente en general. Esa pesadilla es la que cartografía el informe que nos presenta el Tribunal de Cuentas. Por desgracia ningún ejemplo bastará para acabar con los que frívolamente alientan los peores instintos de los ciudadanos contra la política y contra los políticos, pero el triunfo de esos instintos no es el paraíso; por el contrario, el informe que hoy analizamos bien podría formar parte del infierno del Dante de los auditores, del Dante de los inspectores de cuentas y de todos aquellos que fiscalizan la gestión de los poderes públicos.

Hemos leído cómo el Ayuntamiento de Marbella estableció una red de sociedades mercantiles que sirvieron para desbaratar todo un prolijo sistema de controles legales sobre la gestión de lo público. A la complejidad en el seguimiento de la ejecución presupuestaria por no aplicar una práctica contable correcta, se añade la no justificación de gastos, la negligencia en la gestión de los ingresos, pagos descontrolados, contratación de personal con procedimientos que no tenían en cuenta los principios de mérito y capacidad, operaciones con profesionales por importes desmesurados realizadas con reiteración y sin atenerse a los procedimientos concursales establecidos, transmisiones de bienes municipales que han producido plusvalías de un 25 por ciento en un solo día, o de un 1.000 por ciento en cuatro años, e incluso me ha parecido ver que se realizaban contratos verbales con particulares y con otras empresas. En fin, todo un museo de los horrores de la gestión de los asuntos públicos.

Viendo cómo ha reaccionado el Ayuntamiento de Marbella, la actual corporación, los actuales dirigentes, respecto al primer informe y a las recomendaciones del mismo, sólo la derrota democrática y la justicia podrán reparar o hacer que haya en Marbella unos dirigentes municipales que sean capaces de respetar, no solamente el Estado de derecho, sino la dignidad de quienes los han votado. Por eso mis esperanzas sobre qué podemos hacer desde el punto de vista de la justicia, de la legalidad, más allá de exigir que se cumpla la legalidad, que se respeten los procedimientos establecidos, no son muy grandes.

En todo caso, creo que podríamos sacar algunas conclusiones, y me gustaría formular dos preguntas concretas y una más general. En el caso del Registro Mercantil de Marbella, ¿qué comprobaciones han hecho los auditores responsables de la fiscalización? ¿Han detectado indicios de mal funcionamiento del Registro Mercantil de Marbella? ¿Podemos fiarnos de los sistemas públicos que garantizan el acceso a la información mercantil? En segundo lugar, ¿cómo es posible que una entidad bancaria no colabore dando la información que le solicita el Tribunal de Cuentas? ¿Por qué el Tribunal de Cuentas en su informe no hace constar los nombres comerciales de las entidades que se negaron a dar esa información? Porque en el informe del Tribunal de Cuentas aparecen las direcciones, es decir, la calle y el número donde están situadas las entidades financieras que no quisieron colaborar con el Tribunal de Cuentas, pero no aparecen sus nombres comerciales. No entiendo por qué ese pudor, no sé si hay alguna razón legal. ¿No sería mucho más pedagógico —que creo que es la única esperanza que tenemos— que se dijera quiénes son los que no colaboran con el Estado de derecho cuando las leyes son vulneradas? De modo más general, ¿qué ha fallado en Marbella en el sistema público de control para no reaccionar antes —digo en Marbella, no de forma general—, qué cautelas habría que buscar y cómo podemos dificultar la huida de los controles públicos a través de los mecanismos que hemos visto que se han usado en Marbella?

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