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Debate en el Pleno del Congreso de la Ley de Publicidad Institucional

24 diciembre, 2005

El pasado 20 de octubre debatimos en el Pleno del Congreso la Ley de Publicidad y Comunicación Institucionales; ayer 22 de diciembre la aprobamos definitivamente. Ley de la que he sido ponente por el Grupo Socialista. Los textos que siguen son mis dos intervenciones en el Pleno recogidas en el Diario de Sesiones, que se puede consultar en su integridad en la página del congreso http://www.congreso.es . La ponencia trabajó desde el principio en un magnífico ambiente de colaboración entre todos los grupos políticos. Hasta el final hemos tenido un desacuerdo con PP y PNV -cosas veredes- que se negaban a que un único artículo de la Ley fuera considerado legislación básica para todas las administraciones del Estado. Finalmente ese desacuerdo no impidió que aprobáramos la Ley por unanimidad.

Sesión del 20 de octubre de 2005

Presentamos hoy a la votación de la Cámara una ley ejemplar que ha sido pensada mirando al futuro, y porque mira al futuro ha conseguido el apoyo de todos los grupos de la Cámara y, lo que es especialmente importante, la participación y el interés de todos ellos.

Quiero que mis primeras palabras sean para reconocer y agradecer las aportaciones de todos los miembros de la ponencia y especialmente de los señores Xuclá, Tardá, Elorriaga y Esteban Bravo por la inteligencia y generosidad que han puesto en la redacción de la ley. También quiero agradecer su magnífico trabajo a mis compañeras de ponencia del Grupo Socialista Sáenz Royo y Batet.

Debo también el reconocimiento a la pericia técnica y al buen sentido político del secretario de Estado señor Caamaño y de su equipo, los señores Rodríguez Álvarez, Fresno Linera, Sarmiento, Eduard Roig y José Miguel Vidal, del Gabinete de la Presidencia. Por último, aunque no por ello menos importante, mi grupo reconoce los sólidos valores republicanos y el coraje político de la vicepresidenta del Gobierno para impulsar el cumplimiento escrupuloso de un compromiso electoral que conlleva un importante recorte en la discrecionalidad del Gobierno; y se entiende que cuando hablo de valores republicanos me refiero estrictamente a la vieja y renovada tradición filosófica de amor a la libertad, compromiso político y virtudes cívicas.

Señoras y señores diputados, esta ley regula las campañas de publicidad y comunicación institucionales que lleva a cabo el Gobierno. Es al Gobierno del Estado a quien va dirigida, es al Gobierno a quien somete, a quien obliga, a quien exige y a quien controla. Esta ley que hoy proponemos a la consideración del Pleno establece los requisitos que deberán cumplirse para que el Gobierno pueda controlar las campañas publicitarias, limita los asuntos sobre los que podrán llevar a cabo dichas campañas, determina las prohibiciones que habrán de respetarse, establece los medios que deberán utilizarse y fija las garantías y los mecanismos de control que protegerán a los ciudadanos. Todo ello con objeto de asegurar la utilidad pública de las campañas institucionales de publicidad y comunicación, de profesionalizarlas, de hacerlas transparentes y fiscalizables y, finalmente, de garantizar la lealtad institucional.

Esta es una ley necesaria y es esencial que la aprueben sus señorías. Le prometí al señor Elorriaga que no habría acusaciones ni reproches y mantendré mi palabra, porque además nadie está libre de culpa y, lo que es más importante, nadie está libre de la tentación.

La publicidad institucional no es un fenómeno nuevo, pero nunca hasta ahora tuvo tanta importancia. La publicidad y la comunicación institucionales son un magnífico instrumento que hace más eficaces a los gobiernos en el servicio a los ciudadanos. Ya hemos tenido ocasión de comprobar que además de un importante ámbito de poder de las administraciones es también un importante ámbito de arbitrariedad. Gastos ingentes y superfluos, usos banderizos, propagandísticos de la propia gestión o belicoso con otras administraciones son prácticas más extendidas de lo que parece, y parece bastante; y estas prácticas las llevan a cabo responsables políticos que en un momento dado caen en la tentación de usar el dinero de todos de manera negligente o espuria.

Esta ley no pretende restar poder al Gobierno —de un Gobierno se espera que sea poderoso—, lo que hace es restringir sus posibilidades de actuar arbitrariamente, y lo hace de todas las maneras posibles: prohibiendo y obligando. Quizá la mejor de todas sea la que lo obliga a actuar con transparencia y a rendir cuentas anualmente y motivar ante esta Cámara sus decisiones.

Una enmienda de Izquierda Unida planteó algo que mi grupo considera razonable, y es convertir en legislación básica para todas las administraciones del Estado el artículo 4 de la ley en el que se establecen las prohibiciones. Nos pareció más que bien porque esta enmienda plantea una manera de enfocar la legislación básica innovadora y mejor ajustada al espíritu de nuestra Constitución. Se trata de intervenciones no invasivas de las competencias, formuladas como prohibición, como libertad negativa y referida a principios generales; y principios generales de lealtad institucional y defensa de los valores constitucionales que todos compartimos en la ponencia son los que figuran en el artículo 4. Estas prohibiciones son en sí mismo básicas. Hacer explícita su declaración mejora técnicamente la ley y garantiza mejor los derechos de los ciudadanos respecto a la actuación arbitraria de cualquier poder público.

Lamento que el PNV y el PP no estén de acuerdo con esta enmienda. La política es opinión y estoy seguro de que la de los señores Esteban Bravo y Elorriaga está fundada en criterios legítimos. Ambos tienen fama de excelentes juristas y no seré yo quien entre en una disputa técnica con ellos. Soy hijo y nieto de campesinos y sé que al final la vaca es del abogado, pero como dice el personaje de Andrómaca: una multitud de sabios reunidos no vale lo que una inteligencia más común pero soberana. Y el sentido común me dice que nuestros argumentos a favor de aceptar la enmienda de Izquierda Unida, además de legítimos, sirven mejor a los ciudadanos. No hay otra razón para que no hayamos llegado a un acuerdo como en el resto de la ley también en este punto. En todo caso, les agradezco mucho su voto a favor de la ley.

El señor Mardones ha defendido una de sus enmiendas que nosotros creíamos haber incorporado en espíritu, pero él no termina de ver claro que exista un espíritu de las enmiendas. Espero poder convencer a algún Montesquieu menor para que escriba sobre el espíritu de las enmiendas. Estoy de acuerdo con él en que bastaría que la ley se llamase solo de comunicación institucional, pero la legislación autonómica, la literatura doctrinal y el uso lingüístico aconsejan utilizar el término publicidad. Y le agradezco muy sinceramente que haya retirado su enmienda y apoye la ley.

Señora presidenta, con la aprobación de esta ley el Gobierno del señor Zapatero se ata por iniciativa propia respecto a lo que puede y a lo que no puede hacer en campañas de publicidad. Hace lo que Ulises Odiseo, que siendo consciente de que podía ser llevado a su destrucción por los cantos de sirena pidió a sus compañeros que lo ataran al mástil del barco. Ulises usó su inteligencia y su razón para mantenerse seguro ante la tentación porque no se fiaba solo de su voluntad. Las ligaduras que él eligió libremente no limitaban su libertad sino que la garantizaban. Esto es lo que hacemos con las leyes. Cuando las leyes son democráticas y justas son la mejor garantía de nuestra libertad, y esta ley lo es. Muchas gracias.

Sesión del 22 de diciembre de 2005

Señorías, mi grupo va a votar en contra de las dos enmiendas de supresión que nos envía el Senado. En el caso de la primera porque obviamente se trata de un error en la votación en el Senado, y, en el caso de la segunda, porque creemos que se trata de un error político.

Me refiero a la enmienda que suprime el carácter básico del artículo 4, es decir, el artículo que prohíbe hacer propaganda de los propios logros de gestión, que prohíbe atacar a otras instituciones, que prohíbe incluir mensajes discriminatorios sexistas o racistas y que prohíbe hacer publicidad que implique comportamientos violentos o contrarios a las leyes.

Son estas las prohibiciones que la enmienda de Izquierda Unida quiere que sean consideradas básicas, y cada vez estamos más convencidos de que la enmienda tiene toda la razón. Es una legislación básica de nueva generación limitada a principios y valores y expresada en forma de prohibiciones. No invade competencias, no implica gasto de ningún tipo, no limita la autonomía de las instituciones, pero establece los principios elementales de un orden político común y democrático, y de hecho nadie se ha opuesto a estos valores.

He leído con atención e interés los debates en el Senado y lamento tener que decir que los senadores del Grupo Popular y del Grupo Vasco no aportaron mejores argumentos que los que ya oímos a sus compañeros diputados en el Congreso, y son los votos y no los argumentos los que nos devuelven el proyecto de ley al Congreso.

Decía el senador Zubía en su amable intervención que era consciente de que la victoria que se producía en el Senado era una victoria pírrica. Me gustaría que le dijeran que Pirro venció, pero finalmente los romanos fueron los que establecieron los grandes valores republicanos de austeridad en el uso del dinero público y de decencia en el ejercicio del poder político.

No está mal que desde el Congreso de los Diputados enviemos una poderosa señal como ésta a todos aquellos que gastan el dinero público a raudales en hacer propaganda de sus propios logros de gestión o. lo que es peor aún, en utilizar mi dinero para hacer campaña contra mis ideas.

Decía Maquiavelo que la política es fortuna y virtud. Hoy es el día de la lotería de Navidad y la fortuna llegará a algunos territorios de nuestro país; en las manos de SS.SS. está que la virtud llegue a todos los territorios.

Muchas gracias.

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